De forma tradicional los rectores de las instituciones educativas de Colombia son elegidos por su trayectoria e pertinencia en el campo académico y en la administración de los recursos precisos para el funcionamiento inmejorable de las instituciones educativas. De esta manera se garantiza calidad en la capacitación de los estudiantes y el desarrollo para los centros de capacitación que han de estar a la cabeza para responder a los retos impuestos por la tecnología y la demanda profesional.
Estos cargos están sujetos al control y vigilancia de organismos como la Procuraduría General de la Nación o el Ministerio de Educación que son garantes del cumplimiento de las funciones delegadas dentro del marco normativo estipulado por la ley, con el objetivo de que la formación de los estudiantes sea inmejorable y cuente con las garantías necesarias.
“La Ley 1075 del año dos mil quince, decreta que todos y cada uno de los rectores deben contar con una póliza obligatoria que los resguarde en frente de diferentes delitos de administración pública y perjuicios económicos como lo pueden ser apropiación indebida de dineros, valores o bien títulos de la propiedad, robo, robo calificado, abuso de confianza y falsedad y estafa”, destacó Liliana Cárdenas Castro, gerente de Torres Guarín, Aconsejes en Seguros.
Hoy día en Colombia hay 11.820 enseñantes directivos, incluyendo los pertinentes a colegios privados. De esta cantidad, siete mil ochocientos ochenta y seis corresponden a instituciones oficiales, conforme el último análisis de la firma Torres Guarín, Aconsejes en Seguros.
De acuerdo con la directiva de la organización cuya base de clientes del servicio está conformada en un ochenta por ciento por enseñantes, cuando un perfil académico busca una póliza para su actividad, debe verificar la cobertura y beneficios que garanticen estabilidad y representatividad a lo largo de un proceso disciplinario en aspectos como:
- Póliza global, eso desea decir que cubre al rector y al tesorero.
- Delitos contra la administración pública Fallos con responsabilidad fiscal.
- Gastos de rendición de cuentas.
- Gastos de reconstrucción de archivos.
“Es esencial destacar que un rector puede protegerse contra delitos de la administración pública cometidos en el desempeño de los cargos siempre y cuando la conducta que dio origen tenga sitio dentro de la vigencia de la póliza, motivo por el que es relevante contemplar esta figura como un factor esencial de su actividad laboral”, destacó la gerente Cárdenas.
Existen productos muy completos en el mercado que entienden aparte de los efectos tradicionales de la póliza, aspectos como el amparo por pérdidas ocasionadas por empleados de empresas especializadas y temporales o el amparo automático para nuevos cargos, beneficios que una situación legal pueden ser determinantes de cara al desarrollo de las actividades profesionales de estos perfiles.
Torres Guarín sugiere a todos los directivos académicos buscar una póliza global que cubra tanto a rector como a tesorero de la institución, permitiéndoles acceder a otros beneficios como el amparo por pérdidas ocasionadas por empleados no identificados, amparo por pérdidas causadas por empleados de empresas especializadas y temporales, y amparo automático para nuevos cargos.
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